La UPCN cerró un acuerdo político con el PRO para competir juntos. El principal asesor económico del macrismo es Juan Carlos Mercier, el mismo que descontó sueldos a empleados públicos santafesinos y jubilados durante cuatro años. Aparte, entre sus decisiones más cuestionables, tuvo una participación directa en el Gabinete provincial durante la dictadura.La supervivencia política de algunos sectores en Santa Fe está jaqueada por las circunstancias electorales y eso llevó a que se inscriban alianzas y se produzcan acuerdos difíciles de entender. El más significativo de ellos, es el que suscribieron el PRO con los líderes de la UPCN –que tienen un partido propio que se llama Producción y Trabajo–, ya que el principal asesor económico del macrismo fue el impulsor del descuento de salarios a los trabajadores públicos y jubilados.
Se trata de Juan Carlos Mercier, quien en la década del 90 se erigió como el mandamás de todas las decisiones económicas trascendentales del Estado santafesino. El exsenador por el departamento La Capital y dirigente reutemanista, entre fines de los 70 y principios de los 80 asesoró y fue parte de los gobiernos de facto. Hoy es el encargado de formar cuadros técnicos en el PRO y Miguel Del Sel ya anunció que en caso de ganar será su ministro de Economía.
Queda claro que Mercier no resiste ningún tipo de archivo (ver http://periodicopausa.blogspot.com.ar/2014/11/el-cerebro-detras-del-humorista.html) por lo cual la decisión del secretario general de la UPCN, Jorge Molina, llamó la atención puertas adentro. De hecho, hubo dirigente de Producción y Trabajo que se mostraron en desacuerdo con la alianza y preferían competir bajo el paraguas del Frente Justicialista para la Victoria.
En épocas donde Alberto Emilio Maguid estaba al frente del gremio, el histórico secretario general llegó a fustigar con dureza el recorte salarial de Reutemann-Mercier –incluso hubo paros y movilizaciones– pero hoy aquella situación no parece haber pesado en Molina y su gente. El PRO utilizará al nieto de Maguid, Sebastián Pignata, como su candidato a intendente y al sobrino de Lole, Federico Reutemann, como séptimo postulante en la lista de diputados.
Es de recordar, que luego de haber sido electo gobernador Carlos Reutemann para el período 1999 – 2003 y tener definido como su ministro de Hacienda a Juan Carlos Mercier, el justicialismo sancionó el 24 de septiembre de 1999 la Ley N º 11.696, conocida como “ley de emergencia económica”, la cual es promulgada por Jorge Obeid en los últimos meses de su mandato. O sea, el mandatario saliente se hizo cargo del costo político de la medida que fue pergeñada por el nuevo gobernador y su ministro.
Aquella política de gobierno, traducida en norma, contenía tres artículos que tendrían un profundo impacto en las remuneraciones de los trabajadores del Estado provincial y de los jubilados y pensionados provinciales. Se trataba de los artículos 12, 13 y 40 (http://www.ellitoral.com/accesorios/imprimir.php?id=/diarios/2001/11/28/politica/POLI-01.html), y varios más que tuvieron una evidente impronta neoliberal.
Al respecto, mediante el artículo 13 se establecía que a los trabajadores del Estado provincial, utilizando el eufemismo de “aporte personal adicional solidario”, se les disminuirían compulsivamente sus sueldos mediante una retención adicional con destino a la Caja de Jubilaciones. Dicha deducción compulsiva consistiría en un 5% de los haberes por encima de los 350 pesos y también se afectaba el aguinaldo. Se eximía a los sueldos menores a 700 pesos.
En el artículo 12 se efectuó una medida similar con los jubilados y pensionados provinciales. A los jubilados policiales, por ejemplo, se les dedujo un 14,5% de los beneficios que excedieran los 500 pesos, mientras que a los restantes jubilados y pensionados se les dedujo un 3,5%. El final de la década del 90 dejaba para los santafesinos una “ley de emergencia” que era la síntesis de un plan de gobierno que arrancó a la sombra del Consenso de Washington.
También se debe aclarar que la “quita” jubilatoria no quedó sólo allí. A través del artículo 40 de la norma citada se modificó el mecanismo que prevé la Ley N º 6.915 (de jubilaciones y pensiones provinciales) para el ajuste (actualización) de los beneficios previsionales. O sea, se pasó del sistema automático a un sistema no automático, dado que se estableció que los aumentos a las jubilaciones y pensiones se realizarían siempre y cuando el aumento que tuviera el personal activo superara el 20 por ciento.
En otras palabras, el hoy macrista Juan Carlos Mercier quitó automaticidad a los incrementos de los pasivos y el Tesoro Provincial sería luego indirectamente beneficiario de ese perjuicio a los jubilados y pensionados. Desde 1999 hasta 2003 hubo un período donde lo importante era que cierren los números a cualquier costo. Incluso, hubo sectores de la Justicia que presentaron amparos para recuperar los descuentos que le hacían.
Hermes Binner (ya en 2008) se tuvo que hacer cargo de cancelar aquellos reclamos judiciales, a partir del pago de cifras millonarias a los amparistas. De igual modo ocurrió con otros planteos económicos que hicieron expolicías y bancarios transferidos, quienes fueron el resultado de los ajustes salariales, en obras públicas y en bienes de capital que implementó el gobierno de Reutemann con el asesoramiento de Mercier.
El precio del ajuste
Con el objeto de poder ejemplificar y hacer más aprehensibles las medidas políticas expuestas, se puede realizar una estimación del impacto que tuvo el ajuste de Reutemann-Mercier. La tarea no es sencilla porque desde 1999 hubo cambios en diversas variables estructurales (proceso inflacionario y salida de la convertibilidad). No obstante, una evaluación posible sería sobre la base de los valores actuales de remuneraciones de trabajadores y beneficios jubilatorios de la provincia.
Por caso, la deducción sobre los haberes de los trabajadores santafesinos implicó un impacto (reducción) de 1.126 millones de pesos por cada año de vigencia de la ley de emergencia económica. En tanto, la deducción efectuada sobre los beneficios jubilatorios significó para los pasivos provinciales 570 millones de pesos por cada año de vigencia de la mencionada norma. El objetivo de Mercier era “déficit cero” y trasladar “iguales medidas al resto de municipios y comunas”.
Además, el no ajuste automático de jubilaciones y pensiones por la modificación implicarían adicionalmente otros 2.151 millones de pesos menos para beneficios jubilatorios al año. Por último, al considerar los períodos presupuestarios abordados por la Ley 11.696, se puede inferir que el impacto para trabajadores y jubilados fue de –al menos– 11.545 millones de pesos en las condiciones actuales.
El autor intelectual de aquel fenomenal mecanismo de ajuste a los trabajadores y jubilados y pensionados santafesinos, Juan Carlos Mercier, hoy se muestra como el encargado de llevar adelante un cambio en la política económica del Estado si gana Miguel Torres del Sel. Las paritarias ininterrumpidas, con aumentos por encima de la inflación; la titularización de miles de docentes; la recuperación de la carrera administrativa son derechos que se ganaron en los últimos años y la UPCN no puede desconocer las diferencias. O sí?