Quien maneja fondos públicos, como es el caso del Senador Departamental, tiene la obligación de transparentar su destino. Cuando la discreción en este asunto se olvida, las sospechas crecen. Mientras unos se achican, otros pueden expandirse.
Los políticos en general siempre tuvieron dificultades para invertir su dinero. Más en la Argentina. Cualquier movimiento de fondos que tenga que ver con un funcionario mueve a sospechas, insultos, chismografía y algunas veces, no muchas, a verdades que producen indignación. No es fácil soportar eso, sin embargo cada vez que hay elecciones se multiplican los postulantes. Tan terrible no ha de ser o, en todo caso, los beneficios justifican con creces el supuesto ataque a la honra y a la decencia. Claro que el político, si es injustamente atacado, tiene en sus manos una herramienta incuestionable para su defensa: hacer pública una pequeña rendición de cuentas y asunto terminado.
Eso es lo que le decimos desde esta columna una y otra vez al Senador Pirola. ¿Para qué seguir alimentando la diatriba, el engaño, la mentira injusta contra su persona? Haga una planilla de Gastos y Recursos y termine de una vez con el embuste interesado. Lástima: El Senador no nos ha hecho caso todavía. ¿Tan complicado puede ser colocar en una columna los trescientos o cuatrocientos mil pesos que recibe de la Provincia para “fortalecimiento de las instituciones” y en otra columna la lista de beneficiarios con sus montos prolijamente asentados? Más sencillo imposible. Los beneficios serían inmediatos. Con ese solo gesto silenciaría a todos los desconfiados que piensan y sugieren que Pirola se embolsilla todos los meses una porción de la torta.
La actitud porfiada y reticente del Senador, en cambio, aumenta los rumores. “Si el individuo no muestra lo que hace por algo ha de ser”, dicen, decimos. Ya hemos recibido información sobre adquisición de caballos pura sangre a través de un pariente que oficia de testaferro. Por supuesto, nos golpeamos la cabeza contra el teclado y nos repetimos una y mil veces “no puede ser”, “no puede ser”. De inmediato reclamamos públicamente la remanida rendición de cuentas. ¡Qué hizo, en qué gastó, avise, informe, urgente, mire lo que andan diciendo! Una y otra vez nos ufanamos por advertir al Senador; “tenga cuidado, no se deje difamar, cuente lo que hace con la plata, no sea indolente, no sea estúpido, no sea”. Nada. No desmiente. No contesta. Pobre, estará ocupado.
Ahora nos llegan pruebas documentales. ¿Pruebas documentales, que es eso de las pruebas documentales? Bueno, contratos, informes, firmas, cifras, sellos, en fin pruebas documentales que (justamente) prueban que el Senador anda alquilando campos en la zona. Los vecinos de Sarmiento dicen que nuestro legislador continúa activando el negocio
inmobiliario. De dos campos tenemos noticias:
1) ALQUILER PROPIEDAD DE JORGE PFAFFEN POR APENAS $85.000 MENSUALES.
2) ALQUILER PROPIEDAD DE LISANDRO MINETTI. PRECIO DESCONOCIDO, AUNQUE NO TIENE IMPORTANCIA. COMO REFERENCIA TENEMOS EL ANTERIOR.
¿Qué le pasa al Senador Departamental, ya no le importa guardar las formas? Todo se sabe. Los recursos que maneja Pirola son para distribuir entre las instituciones del Departamento las Colonias. La información del destino de esos fondos es tan fundamental como necesaria, aunque más no sea para certificar la justicia en el reparto. Sería indeseable que algunas instituciones reciban más que otras o que unas reciban y otras no reciban nada. Es necesario saber quiénes son los beneficiarios para honrar el espíritu de la ley. Además, el secreto no es privilegio de Pirola porque se trata de un derecho de los ciudadanos quienes deben contar con la información del destino del dinero público. Las versiones que indican operaciones comerciales que involucran al Senador conspiran contra la moribunda confianza en los funcionarios públicos. La negativa crónica a informar sobre el destino de la plata oficial, incentiva las sospechas. Pirola debería transparentar este asunto. No puede seguir alquilando campos a la vista de los habitantes de su pueblo natal y negarse a rendir los suculentos recursos oficiales que los contribuyentes le han confiado. Eso significa un atropello a la dignidad de la gente, una arrogante y exagerada exhibición de impunidad.