Tras la desaparición y el hallazgo de una niña violada que había pedido un aborto en Santa Fe, se confirmó que una organización civil intervino antes de que se llevara a cabo la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).
A partir de los informes recibidos, el Ejecutivo evalúa la posibilidad de hacer una denuncia penal por la interferencia.
Una niña de 12 años, que había pedido abortar después de ser abusada por su padre, estuvo cautiva por más de 24 horas en Santa Fe y generó una fuerte conmoción en la provincia.
Una organización católica le impidió asistir el lunes al turno para la interrupción del embarazo que tenía agendada. Finalmente, fue hallada esa misma noche junto a su madre en una de las sedes de esa entidad.
Tanto la niña como la madre optaron desde el primer momento por interrumpir el embarazo y eran acompañadas desde mediados de 2022 por un equipo de profesionales debido a la situación de violencia de género que la madre sufría, consignó El Litoral.
Ese mismo equipo inició las gestiones para una interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en el marco de la ley 27.610.
La menor de edad cursa el segundo trimestre del embarazo y si bien todavía no abortó, aún está a tiempo de someterse al procedimiento que pidió el sábado, cuando la atendieron en el Hospital Jaime Ferré de Rafaela.
La denuncia de una violación de su padre fue sentada en Garibaldi, un pueblo ubicado a más de 100 kilómetros al oeste de la capital provincial.