Desde las 14 horas del viernes 7 de agosto, ha quedado suspendido por tres meses el fiscal de Rosario, Gustavo Ponce Asahad, acusado de cobrar coimas a empresarios del juego y colaborar con integrantes de la banda narcocriminal “Los Monos”.
La suspensión es “preventiva” y “temporal”. Se extiende por 180 días y conlleva según lo que les permite la ley una reducción en su salario del 50% en el ejercicio de su funciones de fiscal adjunto del Ministerio Público de la Acusación con sede en Rosario.
La Asamblea no tuvo debate y la vicegobernadora Alejandra Rodenas contó 15 votos afirmativos de la Cámara de Senadores (que tiene 19 miembros) y 48 del mismo tenor de Diputados (de las 50 bancas), sin abstenciones, ni expresiones por la negativa.
Lo más importante, es que con el acto cumplido a una semana de que estallar el caso de Ponce Asahad, se inicia el proceso de remoción “del encausado”, según el término que usó el presidente de la Comisión de Acuerdos, Josaquín Gramajo (PJ-9 de Julio) que además de presentar el dictamen que firmaron todos los integrantes, fundamentó a favor de la potestad constitucional de la Legislatura santafesina de ejercer un control directo sobre fiscales y defensores, a partir de la reforma sobre las leyes que rigen los órganos de la Acusación y la Defensa en el fuero penal de la Justicia de Santa Fe.
Ponce Asahad será acusado bajo las figuras de “mal desempeño y comisión de delito” por las que enfrenta graves cargos en tribunales y está detenido con prisión preventiva por 90 días.
En la Legislatura será el diputado radical Fabián Bastía (UCR) quien lleve adelante la acusación.