El problema de la droga ataca con fuerza a nuestro país y ataca las dos condiciones fundamentales de la libertad del ser humano, flagelo constituido por el narcotráfico y, su anverso, las adicciones. Por ello es necesario reflexionar al respecto.
Las personas que padecen una adicción, en primer lugar son dependientes, su planificación personal está subordinada a una sustancia que creen necesitar para sobrellevar sus vidas, la misma que les causa un daño psíquico irreparable y que los condenará a no ser artífices de su propio destino, y en segundo lugar, cuando no acceden al tratamiento que requieren, tienen vulnerado su derecho a la salud, derecho básico que debe ser garantizado.
Como Diputado Provincial he presentado un conjunto de proyectos mediante los cuales propongo que el Estado dimensione esta problemática como urgente, aportando los recursos humanos y económicos que la magnitud del tema exige, procuro también, que discutamos los efectos del narcotráfico desde el punto de vista de los daños que genera en los consumidores, que discutamos cómo salvamos a miles de santafesinos del consumo problemático que aniquila su libertad, porque es salvar no sólo a la generación presente sino también a las futuras.
El partido al que pertenezco ha combatido siempre el narcotráfico, ha desnudado vínculos y complicidades, ha denunciado y propuesto medidas concretas para perseguir a los responsables y eliminar la criminalidad. En este sentido, las iniciativas actuales, en debate en la Cámara de Diputados de nuestra provincia, vienen a dar un paso más, puesto que, sí brindamos la debida atención a quienes consumen, podrán apartarse del comercio de drogas, las redes de distribución perderán su “clientela”, y la justicia tendrá mayores testimonios para investigar la verdad y condenar a los culpables. Enfrentar el narcotráfico implica actuar tanto sobre la oferta, con reformas policiales y judiciales que alcancen impunidad cero, como sobre la demanda, mediante el desarrollo de políticas públicas preventivas, para reducir el ingreso de personas al consumo; de tratamiento para quienes ya padecen el problema; y de contención social para las familias, y en especial para niños, adolescentes y jóvenes, iniciativas todas que son objeto de nuestras propuestas.
A partir de recorrer la provincia y conocer sus dificultades, observé un estado de situación crítico en materia de adicciones, por carencia de infraestructura pública idónea, crecimiento preocupante del consumo y, en consecuencia, de la demanda en instituciones privadas que no tienen una articulación fluida con el sector público, población sin cobertura de obra social e impedida de acceder a procesos terapéuticos, carencia de protocolos estandarizados de atención de crisis en los efectores de salud, ausencia de contención posterior de los afectados que sobrepasaron un proceso terapéutico, e incluso ausencia de datos estadísticos oficiales que permitan planificar y ejecutar una política pública provincial.
Uno de los aspectos más preocupantes concierne a la atención de los niños, niñas y adolescentes. Actualmente, si un niño concurre a su escuela, con síntomas evidentes de consumo de sustancias ilícitas, los docentes no tienen un procedimiento en base al cual actuar y afrontar el problema. En este contexto, sólo les queda apelar a un comportamiento heroico, que en justicia no exige ni nuestro orden jurídico ni social. Ante este panorama, es preciso prever qué hacer, a quien dirigirse, cómo, y qué esperar de cada estamento. Por esto, uno de los proyectos presentados regula en especial cómo deben proceder nuestros docentes, que ello sea de posible cumplimiento, y que encuentre su correlato en la actuación subsiguiente del sistema de salud.
Especial reconocimiento merece el trabajo de las asociaciones que prestan el servicio de tratamiento, por la dedicación, el compromiso, la formación y capacitación permanentes.
Los santafesinos y muy especialmente las personas que los representamos, tenemos que ser capaces de priorizar, ante cualquier otro debate, la prevención y el tratamiento de quienes padecen consumo problemático de sustancias adictivas y las acciones para erradicar el narcotráfico, de manera de cubrir ambos lados de la problemática. Debemos ocuparnos al mismo tiempo de la seguridad pública y de la salud pública, puesto que los dos derechos son parte de la convivencia ciudadana que es preciso preservar y mejorar. El debate y la búsqueda de propuestas superadoras en cuestiones de drogadependencia, que hacen al derecho a la salud, no deberían tener otra categoría que no sea la de cuestión de Estado.
Frente a esto, creemos ineludible poner el acento en los excluidos, que carecen de obras sociales y prepagas, y que son los que hoy el Estado no atiende por falta de infraestructura.
Para concluir, estoy convencido de que la adicción a las drogas debe tratarse como una enfermedad, que las personas necesitan asistencia médica, no ser castigadas como delincuentes por el hecho del consumo, y de que el Estado debe aumentar los recursos tanto para la prevención como para asistir a los ciudadanos que sufren este problema. Es nuestra responsabilidad asumir el compromiso y generar conciencia sobre este flagelo que nos afecta a todos. Su abordaje es un aspecto esencial para alcanzar las condiciones de bienestar general y de cobertura de derechos que garantiza nuestra Constitución Nacional.
Ariel Bermúdez- Diputado Provincial C.C. – ARI