Las transferencias realizadas por el Gobierno nacional para morigerar el impacto de la pandemia de coronavirus en las finanzas provinciales, las familias y las empresas ascendieron a $723.461 millones, a través de los distintos programas desplegados desde fines de marzo.
Así se desprende de un análisis del Gobierno sobre las transferencias del Estado nacional a las provincias en el marco de las medidas de aislamiento realizadas a partir del 20 de marzo, fecha de entrada en vigencia del decreto 297, y hasta el 2 de noviembre pasado.
El documento que se analizaba esta semana en los despachos oficiales destacó que el monto de $723.461 millones destinado a asistir a los estados provinciales, las empresas y las familias es equivalente al 40,8% de la coparticipación.
Por un lado se mencionan las transferencias directas a través de Asistencias del Tesoro Nacional y el Fondo Fiduciario de Desarrollo Provincia (FFDP) por $108.073 millones, mientras las indirectas, es decir aquellos fondos girados a las empresas y las familias, sumaron $615.389 millones.
Los préstamos otorgados por el FFDP fueron diseñados para cubrir las necesidades financieras específicas de cada provincia en el marco de la pandemia y las medidas sanitarias para su control.
Entre los fondos que el Gobierno nacional distribuyó en las empresas y las familias en todo el territorio nacional figuran los créditos productivos a tasa 24%, los préstamos a tasa 0% para trabajadores monotributistas y autónomos, y los préstamos a empresas otorgados en el marco del Programa Asistencia al Trabajo y la Producción
Todos estos créditos cuentan con garantía estatal (Fogar) y, en algunos casos, subsidio de tasa (Fondep), lo que permitió un aumento sustancial del crédito productivo, utilizado por las empresas para transitar la crisis, reforzar el capital de trabajo y reiniciar actividades cuando esto les fue posible.
Con respecto al salario complementario, que permitió sostener los del sector privado, el Gobierno destinó $ 204.089 millones, mientras que al Ingreso Familiar de Emergencia, diseñado para atender los ingresos de las y los trabajadores del mercado informal, se destinaron $258.013 millones.
Durante el mismo período también se destinaron fondos para reforzar la política alimentaria por $4.384 millones, y para otorgar recargas adicionales en las tarjetas, a fin de apoyar a familias con hijos e hijas menores de 6 años, por $7.718 millones. A la vez, los bonos a los jubilados y pensionados, personas con discapacidad y perceptores de la Asignación Universal por Hijo, sumaron $43.560 millones.